El Gobierno de la República de Colombia expidió un decreto mediante el cual impone un arancel recíproco del 30 % ad valorem a productos importados desde la República del Ecuador y establece restricciones al ingreso terrestre de determinadas mercancías por razones de seguridad nacional.
La decisión fue adoptada por el Gobierno colombiano, a través del Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 189 numeral 25 de la Constitución Política, la Ley 7ª de 1991 y la Ley 1609 de 2013, entre otras disposiciones.
Medida como respuesta a decisiones adoptadas por Ecuador
De acuerdo con el decreto expedido por el Gobierno colombiano, la medida responde a actuaciones adoptadas por autoridades ecuatorianas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, entre ellas:
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La habilitación exclusiva del paso internacional de Rumichaca como único cruce fronterizo.
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La autorización controlada del paso CEBAF San Miguel únicamente para el transporte de crudo colombiano.
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El anuncio, el 21 de enero de 2026, de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia.
El Gobierno colombiano considera que dicha “tasa” constituye un gravamen equivalente a un arancel que contraviene compromisos asumidos en el marco de la Comunidad Andina (CAN) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Impacto económico señalado por el Gobierno colombiano
Según el análisis técnico citado en el decreto, el arancel ecuatoriano del 30 % generaría una caída del 97 % en las exportaciones colombianas hacia ese país, equivalente a una reducción estimada de USD 1.803 millones.
A noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador alcanzaron USD 1.673 millones, con una disminución del 3 % frente al año anterior. El 84 % corresponde a bienes industriales como azúcar refinada, conductores eléctricos de cobre, confitería sin cacao, vehículos automóviles y café sin tostar.
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