ECUADOR: Donoso: compra de arroz será solo para agricultores reales

La implementación del programa de compra pública directa de arroz en Ecuador avanza en medio de expectativas y cuestionamientos por parte de los productores, tras las recientes protestas que evidenciaron la crisis del sector, marcada por bajos precios en finca, presencia de intermediarios y problemas de comercialización.

En este escenario, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) activó el mecanismo de absorción de hasta 20.000 toneladas de arroz, con precios fijados en 34 dólares por saca de grano corto y 36 dólares para grano largo. Sin embargo, agricultores han reportado dificultades para acceder al sistema, falta de información clara y demoras en el proceso.

En entrevista con Diario El Productor, la directora distrital del MAGP en Los Ríos, Tatiana Donoso, explicó que el proceso responde a un esquema técnico diseñado para garantizar transparencia y evitar irregularidades.

Según detalló, el primer paso es el registro de los productores mediante un enlace oficial del ministerio, donde deben ingresar datos personales y documentos que acrediten su actividad agrícola. Esta información es validada en planta central antes de pasar a una fase clave: la verificación en campo.

Donoso indicó que brigadas técnicas se despliegan en zonas arroceras para constatar la existencia real de los cultivos y ajustar los volúmenes de producción, especialmente tras afectaciones recientes por inundaciones y sequías.

“Lo que buscamos es que el beneficio llegue a quienes realmente producen, evitando que intermediarios utilicen cupos de los agricultores”, explicó.

En ese contexto, la funcionaria reveló que durante los controles ya se han detectado irregularidades en los centros de acopio. Según indicó, se ha intentado ingresar arroz con presencia de gorgojo, lo que evidencia que se trata de producto almacenado y no de la cosecha actual. Este tipo de grano no está siendo aceptado dentro del programa, ya que la medida está dirigida exclusivamente a la producción reciente de pequeños y medianos agricultores.

Uno de los principales puntos de confusión ha sido el uso del código QR. La funcionaria aclaró que este documento se entrega únicamente una vez finalizado todo el proceso de validación y es indispensable para ingresar a los centros de acopio.

Además, confirmó que los productores deben contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC), requisito que ha generado inconvenientes en parte del sector que aún opera en la informalidad.

Sobre las quejas por falta de notificación, Donoso señaló que el seguimiento se realiza principalmente vía correo electrónico, aunque reconoció que los agricultores también pueden acercarse a las oficinas distritales o contactar a los técnicos en territorio para conocer el estado de su trámite.

En cuanto a la operatividad, informó que actualmente existen cuatro centros habilitados para la recepción del arroz: en Babahoyo, Yaguachi, Durán y Santa Lucía. En la provincia de Los Ríos ya se han receptado más de 5.000 sacas en los primeros días del programa.

Respecto a los pagos, indicó que estos se canalizan a través de BanEcuador, con un plazo estimado de entre cinco y ocho días.

Donoso también abordó uno de los cuestionamientos centrales del sector: la capacidad del programa frente al volumen de producción. Reconoció que las 20.000 toneladas iniciales podrían resultar limitadas, pero aseguró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de ampliar el cupo.

“El proyecto no tiene una fecha de cierre definida. Si existe la necesidad, se puede seguir ampliando”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria enfatizó que el proceso de inscripción continúa abierto y que los equipos técnicos siguen desplegados en territorio para asistir a los productores. No obstante, admitió que la alta demanda y registros de última hora han generado retrasos.

Mientras el programa avanza, el principal desafío será corregir las fallas operativas, fortalecer la comunicación con los productores y agilizar los procesos, para asegurar que la compra directa cumpla su objetivo: garantizar una comercialización oportuna, transparente y sin distorsiones para el sector arrocero.