La propuesta del presidente de Gustavo Petro de retirar a Colombia de la Comunidad Andina (CAN) ha encendido alertas en sectores económicos ecuatorianos, que advierten impactos directos sobre el comercio, la inversión y el empleo.
El planteamiento surge tras la decisión de Ecuador de aplicar un arancel del 100% a las importaciones colombianas desde mayo de 2026, medida que ha sido interpretada por Bogotá como una ruptura de las reglas del bloque andino.
Analistas económicos como Alberto Acosta Burneo señalan que el efecto de este tipo de políticas recae principalmente sobre los ciudadanos. Según su análisis, un incremento arancelario de esta magnitud encarece los productos, reduce el comercio y presiona el empleo, generando un impacto inmediato en los hogares.
Acosta Burneo advierte además que una eventual salida de Colombia de la CAN implicaría para Ecuador la pérdida de un mercado de más de 50 millones de consumidores, considerado clave para las exportaciones manufactureras nacionales. A diferencia de otros destinos, este mercado es cercano y con menores barreras técnicas, lo que facilita el acceso de productos ecuatorianos.
El analista también subraya que estas exportaciones no pueden redirigirse fácilmente hacia mercados más exigentes, lo que incrementa el riesgo para la industria local. A esto se suma un efecto menos visible pero relevante: la percepción de inestabilidad regulatoria, que podría desalentar la inversión extranjera y afectar el crecimiento económico en el mediano plazo.









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