El envejecimiento de los agricultores, la escasa rentabilidad que obtienen y la falta de relevo arrojan una incógnita sobre el futuro de esta labor, hasta ahora mayormente familiar pero para la que se vislumbran otros perfiles, como el de trabajadores asalariados o máquinas robotizadas.
Los datos oficiales dan cuenta de que el 93,4 % de las casi un millón de explotaciones agrarias que hay en España tienen como titular a una persona física, pero su rentabilidad languidece en comparación con la que se obtiene del 6,6 % restante de las tierras, que están en manos de figuras jurídicas y acaparan ya el 42 % del valor de la producción agrícola total.
Si bien la estructura de propiedad de las tierras es aún mayoritariamente familiar y dentro de la titularidad jurídica entran también las cooperativas y otras asociaciones de agricultores, algunas organizaciones agrarias han advertido de lo alarmante que es esta concentración de la rentabilidad.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denominado este fenómeno como “uberización del campo”, proceso por el cual una actividad económica y social como la agraria pasa de ser desarrollada por múltiples pequeñas empresas y autónomos independientes a quedar en manos de muy pocos actores con capacidades de decisión.
El volumen de transacciones realizadas por fondos de inversión en el sector agroalimentario de España y Portugal en 2022 fue superior a los 1.000 millones de euros, un 20 % más que en 2021, según los últimos datos de la consultora inmobiliaria CBRE.
Las principales operaciones fueron de “buy and leaseback” (compra con un arriendo posterior), de adquisición de tierra para su gestión por parte de un operador, y de adquisición de participaciones en empresas que operan en el sector agrícola.
Estas empresas requieren de mano de obra asalariada, cuando no de robots que puedan suplir algunas tareas, para escalar los rendimientos, con cultivos intensivos y altamente mecanizados.
El director técnico de COAG, José Luis Miguel, previene además, en declaraciones a Efeagro, de prácticas como las cadenas de valor integradas, por las que si bien un agricultor o un ganadero sigue siendo propietario de sus tierras o granjas, en la práctica funciona como un “asalariado” para una empresa.
En este modelo y otros similares, presentes en sectores como el porcino, la uva de mesa o el vacuno de leche, según destaca la organización agraria, el productor agrario firma contratos de compraventa con empresas y supedita su supervivencia al destino y a los intereses de esta compañía.
