Desde el inicio del gobierno actual, se ha hecho mención a la importancia de una ley de tierras que combata el latifundio y sea redistributiva.
En 2012, ingresan a la asamblea nacional varios proyectos de ley, donde un eje común era la fijación de límites a la extensión, al igual que los causales de expropiación por conceptos no del todo definidos como función social y ambiental. Es importante anotar que la función social ya se la mencionaba en la constitución de 1998, y que para la nueva constitución de 2008, se ratifica y amplía la función ambiental.
En el mismo año 2012, ya el Presidente hace mención, en una sabatina, que en los años 60´s y 70´s, se había “solucionado” el problema del latifundio y se había creado un problema más grave aún, el minifundio. Los 5 proyectos ingresados a la Asamblea Nacional, en el mismo 2012, llegaron a un punto de fusión entre todos, sin embargo por temas aparentemente político-electorales esta queda en suspenso hasta 2014 que se retoma la elaboración del informe para el primer debate en el pleno.
Actualmente la Asamblea Nacional aprobó la ley, que deberá ser aprobada o vetada por el Presidente.
La ley aprobada, establece las áreas mínimas de no afectación en 25 hectáreas para la sierra, 75 hectáreas para la costa y 100 hectáreas para la Amazonia, en Unidades Familiares Productivas que pertenezcan a la Agricultura Familiar Campesina.
Sobre la Función Social- Productividad, determinada por la Autoridad Agraria y en base a ciertos de parámetros por zona agroecológica y tipo de producción
- Cumplimiento de las Obligaciones Laborales
- Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social
- Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
